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Boletín de prensa 13 de abril de 2011
EL TIEMPO
CORTE DECIDE HOY SI GAYS PUEDEN RECIBIR HERENCIA DE SU PAREJA
La discusión será el abrebocas a la discusión sobre el matrimonio gay en Colombia.
Los magistrados definirán hoy en Sala Plena si las normas que le dan derecho a los conyugues de heredar a la muerte de uno de ellos se puede extender a los compañeros o compañeras permanentes y a las parejas del mismo sexo.
En la discusión, necesariamente, tendrá que abordarse el tema del matrimonio gay, dijeron fuentes del alto tribunal que inicia sesión a las 10:30 de la mañana.
Sobre ese tema, la Corte estudia otra demanda que pretende validar en Colombia el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Los demandantes alegan que la legislación civil colombiana desconoce los derechos fundamentales para que los homosexuales se unan en pareja e integren una familia con las garantías jurídicas que da la ley.
También debe definir en los próximos días una tutela de una pareja de lesbianas que pide que a una de ellas le permitan adoptar a la hija biológica de su compañera.
El caso lo tiene a su cargo el magistrado Juan Carlos Henao que ya presentó a consideración de sus colegas un proyecto de fallo.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió darse un mes de espera para reflexionar y profundizar sobre el tema.
La Corte amplió hace tres años los derechos civiles, políticos y sociales a homosexuales.
MILITARES CONDENADOS POR GRAVES VIOLACIONES AL DIH SIGUEN EN SERVICIO
Se trata de por lo menos 173 militares condenados a penas de hasta 40 años por graves delitos.
La mayoría de estos militares fueron condenados por falsos positivos y siguen activos en el Ejército, devengando la mitad de su salario mensual y con la posibilidad de hacer cursos de ascenso.
EL TIEMPO conoció el listado de oficiales y suboficiales sentenciados por la justicia ordinaria (cometieron delitos que no tienen relación con el servicio) y que hasta hace pocos días seguían recluidos en la cárcel militar de Tolemaida.
La mayoría de ellos sigue en el servicio gracias a un decreto del año 2000 que señala que no los retirarán a menos que exista una orden judicial o disciplinaria explícita en ese sentido. En otros casos, sin embargo, se ha aplicado la facultad discrecional para apartar de la institución a esos militares cuestionados.
Del listado de los que siguen activos llama la atención el caso del teniente Harrison Eduardo Eladio Aponte, destituido por la Procuraduría en febrero pasado dentro de la investigación por la masacre de 10 policías en Jamundí (Valle del Cauca).
El oficial, a quien el Tribunal del Valle del Cauca le hizo una rebaja sustancial de la pena de 54 años a 29, ingresó a Tolemaida en junio del 2010, el mismo mes en que le fue confirmada la sentencia. Es decir, era una sentencia ejecutoriada, que no tiene más instancias, salvo una revisión extraordinaria en la Corte (casación).
Por lo menos otros 40 casos (de los 173) están en la misma condición, y a pesar de ello los condenados siguen figurando como militares en servicio activo. La explicación que ha dado el Ejército es que en los casos en los que la condena está apelada hay que esperar a la decisión final para no violar los derechos de los militares, que podrían ser declarados inocentes.
Decenas de 'falsos positivos'
Militares sentenciados por tribunales de todo el país por ejecuciones extrajudiciales están pagando su pena en Tolemaida (que en principio es una cárcel para delitos estrictamente militares) y aparecen como activos.
Así figura el cabo Wílson Casallas Suescún, condenado a 40 años, junto con otros tres militares por la masacre de cuatro personas en Cajamarca en el 2003.
Es la misma pena que paga el cabo Carlos Andrés Ladino Monroy. Fue sentenciado como miembro del batallón Pedro Nel Ospina por la muerte de Juan de Jesús Rendón Alzate y las torturas a sus dos hijos, menores de edad, en abril del 2004 en la Vereda Anillal de Sonsón (Antioquia).
Siete soldados del batallón La Popa, de Valledupar, sentenciados por el falso positivo de tres jóvenes de barrios populares de Barranquilla, ingresaron el pasado mes de octubre a Tolemaida, a pesar de que el juez ordenó su traslado a una cárcel.
Dagoberto Alfonso Bustamante Mendoza, Alexander Sosa Peñaloza, Jorge Enrique Sánchez Sánchez, Oel Cañas De La Rosa, José Miguel Zuleta Palmera, Luis Fabián Padilla Holguín y Pedro Manuel Urruchurto Nieves fueron condenados a 40 años por el crimen, ocurrido en el 2007. También aparecen como militares activos.
Una situación similar es la del soldado Segundo Yebrail Galvis Nieto, sentenciado a 56 años de cárcel por el falso positivo de un campesino en Socotá (Boyacá). A pesar de que el juez ordenó una multa e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos, Galvis Nieto sigue activo en el Ejército.
CÁRCEL PARA CHOFERES BORRACHOS, AHORA CON AVAL DEL GOBIERNO
Según la Policía, a diario se presenta al menos un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez.
El proyecto de ley será radicado de nuevo en el Congreso, pero ahora con el respaldo gubernamental.
La iniciativa se hundió el miércoles pasado en la plenaria del Senado, cuando 34 congresistas votaron en contra y solo 25 a favor.
De acuerdo con el senador Roy Barreras, autor de la iniciativa, hoy la radicará de nuevo, avalada por los integrantes de la Comisión de Seguimiento a la Seguridad Vial, en la que hay miembros de todos los partidos.
Pero este no será el único respaldo que recibirá la iniciativa. Este miércoles también estará presente el ministro del Interior, Germán Vargas, como señal de apoyo del Gobierno para su trámite.
Según Barreras, se radicará el mismo proyecto hundido, que contempla arresto de entre 8 y 30 días para el conductor que sea sorprendido bajo el efecto de bebidas alcohólicas, "para evitar que cause una tragedia o que se mate".
También establece el aumento de la base mínima de la pena para homicidio culposo en caso de conductores embriagados, para que no sea excarcelable. Será mínimo de cinco años.
El martes, el editorial de EL TIEMPO había dicho que el hundimiento de la ley demostraba que la lucha contra esa conducta aún no termina.
EXTRAÑAS VISITAS DE SECRETARIO DE CÁMARA A LA JUDICATURA
Gonzalo Pinzón Pinzón visitó al menos en 50 ocasiones despachos de varios magistrados.
Entre el 2010 y lo que va del 2011, Gonzalo Pinzón Pinzón, el secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara, visitó al menos en 50 ocasiones los despachos de varios magistrados de la Judicatura que, por fuero, son investigados por esa célula del Congreso.
Según la minuta del Palacio de Justicia, obtenida por ELTIEMPO.COM, el secretario de la Comisión -que cumple funciones de secretario judicial y, como tal, tiene acceso al trámite de los expedientes- estuvo en las oficinas de los magistrados Angelino Lizcano (9 veces), Pedro Alonso Sanabria (12), José Ovidio Claros (12), José Alfredo Escobar (7) y de Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, y en algunas ocasiones su permanencia fue de hasta seis horas.
El funcionario asegura que sus visitas se deben, en su mayoría, a trámites por su trabajo y dice, por ejemplo, que actuó como notificador de las decisiones de la Comisión de Acusación.
Sin embargo, varios magistrados, que también tienen investigaciones en la Cámara, no registran a Pinzón entre sus visitantes.
"Usualmente nos llegan telegramas para avisarnos de que hay que ir a notificarnos al Congreso", dijo un magistrado de la Corte Suprema.
En otras ocasiones, citadores de la Comisión se remiten a la secretaría del respectivo tribunal y allí notifican las decisiones. Un ex presidente de la Corte señaló que, en casi siete años de funciones, nunca ha recibido a un funcionario de esa Comisión.
Consultados por este diario, varios de los magistrados de la Judicatura dijeron que Pinzón estuvo en sus oficinas, en misión formal, pero todos negaron haberlo recibido por largos periodos. El magistrado Ovidio Claros dice que no es posible que Pinzón haya estado en su despacho por 1 hora y 40 minutos el pasado 25 de marzo, entre las 5:07 p.m. y las 6:47 p.m., como lo indica la minuta.
"Conozco al señor por su labor en la Comisión y nunca lo he recibido por más de unos minutos", afirmó.
El presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, admite su amistad con Pinzón y que se ven con frecuencia: "No le veo ningún misterio, lo conozco, ha estado en mi oficina y no hay impedimento, porque él no es investigador ni nada parecido".
Por lo pronto, miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara mostraron su extrañeza y anunciaron que le van a pedir explicaciones formales a Gonzalo Marín.
ARTÍCULO POLÉMICO DE LEY DE INTELIGENCIA 'SE MODIFICARÁ O ELIMINARÁ'
Así lo reiteró el Gobierno, en esta ocasión, en boca del Ministro del Interior, Germán Vargas.
El ministro del Interior, Germán Vargas, habló sobre la norma que restringiría a los medios para divulgar información reservada, incluida en la iniciativa de inteligencia, radicada en el Congreso.
"El Gobierno ha anunciado, lo hizo ayer, que si este artículo se presta a equívocos o se considera que restringe la libertad de prensa se presentará una modificación en el trámite para aclararlo o eliminarlo", dijo.
Vargas dijo desconocer cómo quedaría el artículo ya que, según él, "eso es una competencia del Consejero Presidencial, y él ya se pronunció al respecto".
Consejero presidencial para la Seguridad Nacional responde a críticas
Cuando falta una semana para que comience a debatirse en el Congreso el proyecto de ley para regular la inteligencia que hacen los organismos estatales, ya está despertando controversia, no solo por un artículo (el 35) que, al decir de algunos, iba a implicar censura a la prensa, sino por el largo periodo que se está contemplando para el levantamiento de la reserva de documentos: 40 años, y 15 adicionales si así lo considera el Estado.
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, habló con ELTIEMPO.COM de estos y otros puntos controversiales del proyecto.
Anunció que, si bien los castigos con cárcel a quienes revelen información de Inteligencia no se pensaron para periodistas sino para miembros de Estado que pasan información aun a grupos criminales, se incluirá un artículo para dejar claro que la reserva no cubre a los periodistas.
¿Cuál es la columna vertebral del proyecto?
Con él, por primera vez, se aclara cuáles son los fines legítimos de la Inteligencia, le pone límites y establece controles y autorizaciones para que se dedique a lo que debe ser. Es, de lejos, el sistema más fuerte de América Latina.
Entonces, ¿venía funcionando sin reglas?
Había pronunciamientos de la Corte Constitucional que servían para orientar, pero no existía marco claro para determinar qué es una actividad legítima de Inteligencia y qué no lo es.
¿Eso explica lo ocurrido con las 'chuzadas' del DAS, en donde nadie sabía quién debía autorizar labores de Inteligencia y hasta dónde ir?
Absolutamente. Esas 'chuzadas' tienen dos problemas: la ilegalidad de hacer interceptaciones sin orden judicial y no fijar los objetivos legítimos de la Inteligencia.
¿Por qué en el proyecto no aparece el DAS entre los organismos con derecho a hacer requerimientos de inteligencia?
Hay que distinguir entre el responsable político -que es el que requiere la Inteligencia para tomar decisiones- y el organismo que produce esa información. En principio, cualquier persona del alto Gobierno, con responsabilidades políticas, debería poder pedir apoyo de Inteligencia. Aquí entendemos la Inteligencia como otro brazo de la investigación criminal, como si el propósito fuera dar con terroristas, narcotraficantes. Si bien ese uso es legítimo, no agota lo que debe ser la Inteligencia estratégica.
¿Quién va a definir qué o quién es una amenaza para el país?
La naturaleza de las amenazas en Colombia y la manera como se conjugan el terrorismo y el narcotráfico hacen difícil aclarar roles y misiones. Pero eso no crea ambigüedad sobre quién puede ser objetivo legítimo de una actividad de Inteligencia. En la ley está claro que nadie puede ser objeto de Inteligencia en razón de raza, género, pertenencia a un partido, a un sindicato...
Volvamos al caso DAS. Allí declararon objetivo a gente que no representaba peligro para la Seguridad Nacional sino, según las víctimas, para el gobierno de turno...
Si eso es así, lo que esta ley hace es aclarar por qué eso era ilegal.
El proyecto contempla una comisión de parlamentarios, para hacerle veeduría a la Inteligencia, y una comisión de civiles, encabezada por la Procuraduría, para depurar listas de Inteligencia. ¿Esto es para crear confianza?
La ley contempla controles internos, complementados con controles externos que ejerce una comisión parlamentaria, con presencia de un miembro de la oposición en Senado y Cámara.
Ellos pueden pedir cuentas a cualquier director de Inteligencia sobre cualquier caso. Sobre la depuración del archivo de Inteligencia, nos dimos cuenta de que requiere consensos de la sociedad, porque hay temas tan delicados como el buen nombre. Allí hay que ponderar también temas como el de la memoria histórica, así la persona mencionada ya se haya desligado de esas actividades. Se crea una comisión independiente, encabezada por el Procurador, para crear criterios orientadores.
¿No cree que es muy amplio el espectro de quiénes pueden recibir informes de Inteligencia, como el equipo de apoyo del Presidente?
El receptor puede ser cualquier persona del alto Gobierno que se beneficia de esa información. Poner tareas de Inteligencia solo pueden hacerlo el Presidente, el Ministro de Defensa o quienes deleguen. Estamos cerrando el espectro y establecemos responsabilidades.
El artículo 35 establece cárcel para cualquiera que divulgue información reservada. Ahí entran los periodistas...
Estamos ante una falsa controversia. A nadie se le pasó por la cabeza que eso estuviera dirigido a los periodistas. La principal razón por la cual la Fuerza Pública no es más eficaz es por la penetración de organizaciones ilegales entre nuestra gente. A eso era urgente ponerle tranca. Además, la Corte Constitucional ha sido clara en la protección del derecho a la intimidad. La ley lo que hace es retomar un artículo del Código Penal, y solo ahora, por una lectura equivocada, se crea la confusión. Se habla solo de funcionarios. El peso de la responsabilidad está en quien filtra, no en quien publique. Vamos a aclarar en un artículo lo que ya ha dicho la Corte.
¿Por qué 40 años para desclasificar documentos, prorrogables 15 más? ¿Para que no estén vivos los protagonistas?
Se buscó un sistema que permitiera desclasificar la información de casos cerrados y asegurar la protección de las fuentes de casos vivos. Es sano para una democracia desclasificar lo que pueda con la mayor rapidez, pero se tienen que ponderar los riesgos.
En EE.UU. se ha logrado acceder a documentos antes de tiempo acudiendo al derecho a la información. Incluso se ha conocido información sobre casos recientes, como los de Rito Alejo del Río y Plazas Vega...
Esto tiene que ver con los documentos en manos del Ejecutivo, el derecho ciudadano de acceder a ellos y la responsabilidad del Gobierno de entregarlos o no. Esa discusión es viable aquí y puede ser uno de los puntos de discusión de la comisión independiente.
Si no ha pasado el proyecto de reestructuración del DAS, ¿qué futuro tendrá este articulado?
Fue consensuado en su momento, con la oposición (en ese momento, el Partido Liberal). Estamos confiados en que, una vez se aclare el tema de los periodistas, la opinión entenderá la importancia de este proyecto para poner orden en la casa en materia de inteligencia.
Seis puntos clave del proyecto
Límites a la Inteligencia
El proyecto establece los fines de la Inteligencia y de la Contrainteligencia, y los mecanismos de control y supervisión de la actividad. Regula las bases de datos.
Control parlamentario
Una comisión del Congreso, en la que debe haber represen-
tantes de la oposición, podrá pedir informes a organismos de Inteligencia sobre casos específicos.
Desclasificación
Los documentos de Inteligencia tendrán reserva por 40 años, prorrogables 15 más. El Presidente podrá levantar la reserva antes, si es de interés general.
Solicitudes
Solo asignarán tareas de Inteligencia el Presidente, el Ministro de Defensa y el Alto Asesor para la Seguridad. El Plan de Inteligencia establece las prioridades.
Responsabilidades
El superior jerárquico de los organismos de seguridad será responsable de autorizar labores de Inteligencia. No se podrán hacer interceptaciones sin orden judicial.
Depuración de archivo
Procuraduría y miembros del grupo de Memoria Histórica, del Congreso y de la sociedad civil establecerán criterios para depurar los archivos de Inteligencia.
Reserva por 40 años es exagerada: Polo
Mientras el Polo Democrático decide si apoya o no el proyecto de ley de Inteligencia, su presidenta, Clara López, ya tiene claros los reparos a la iniciativa presentada por el Gobierno. Aunque ya el Gobierno hizo claridad, rechazala posibilidad de que un periodista tenga cárcel si publica documentos reservados.
"No comulgamos con la posibilidad de que los comunicadores vayan a la cárcel por este motivo. Si no fuera por los periodistas, no conoceríamos hechos tan escandalosos como las interceptaciones ilegales del DAS", afirma López.
La presidenta del Polo agrega que, en este tema, los funcionarios deberían ser sancionados, aunque aclara que el partido aún discute qué tipo de castigos serían los más convenientes para estos casos.
Sobre esto mismo, una fuente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que esa corporación ha recomendado multas y no la privación de la libertad.
López también sostiene que le parecen "exagerados" los 40 años de reserva de documentos secretos, con la posibilidad de que el Presidente pueda prorrogarlos 15 años más.
"El tiempo propuesto es exagerado. Si bien hay que brindar seguridad a los ciudadanos, también la sociedad tiene derecho a ser informada. Esto se debe conciliar en el proyecto de ley", afirma.
La presidenta del Polo explica que los 30 años podrían ser un lapso aceptable para la reserva de documentos.
También es claro que, tal como está previsto, la oposición debe tener asiento en la mesa de Inteligencia. "Si no es así, se seguiría tratando a la oposición como algo ilegítimo", afirma..
En todo caso, López dice que la ley es conveniente. "Para nosotros es muy importante regular el uso y el manejo de la Inteligencia para evitar abusos, como los probados en el DAS", dice. Sobre la depuración de los archivos de Inteligencia, dice que no son solo los del DAS, sino los de la Fuerza Pública en general.
CÁMARA APLAZÓ LA VOTACIÓN DE PONENCIA SOBRE LEY ANTICORRUPCIÓN
Por falta de quórum Carlos Alberto Zuluaga, presidente de la corporación, decidió levantar sesión.
Solo hasta mañana está previsto que la plenaria de la Cámara de Representantes comience el debate formal del proyecto de estatuto anticorrupción, el cual cursa su último debate en esta corporación.
En la mañana de este martes los voceros de los partidos y el Gobierno llegaron al acuerdo de votar la ponencia de la iniciativa ese mismo día, para este miércoles poder comenzar con la votación de los artículos que no tengan proposiciones, los cuales son alrededor de 120 de 155 que contiene el proyecto.
No obstante, la falta de quórum y el cúmulo de impedimentos (en total 50) que se debieron evacuar en la sesión, llevaron a que el Presidente de la Cámara levantara la sesión y citara para este miércoles a las 9 de la mañana, cuando se deben votar 15 impedimentos más.
En el acuerdo al que se llegó esta mañana también está contemplado que se nombrará una comisión que analizará los artículos de la iniciativa en los que las altas cortes y los partidos políticos tienen inquietudes.
Zuluaga manifestó que esta demora en la votación de los impedimentos dilató el trámite del proyecto, pero que espera cumplir con el cronograma de acuerdos a los que se llegó con el Gobierno.
CORTE DECLARA INEXEQUIBLE DECRETO QUE ORDENABA FUSIÓN DE LAS CAR
El decreto había sido dictado al amparo de la segunda emergencia social, que también se cayó.
También fue declarado inexequible el decreto que aplicaba medidas de reforestación y recuperación del medio ambiente en las zonas afectadas por el invierno.
Los magistrados avalaron otros tres decretos que fueron dictados por el Gobierno en la primera declaratoria de emergencia en diciembre pasado.
Pasaron el examen de la Corte el que ordena contratistas y concesionarios del Estado a colaborar con los recursos a su alcance en labores de atención a damnificados por el invierno.
Otro de los decretos declarados exequibles fue el que adicionó recursos del Presupuesto Nacional del 2010 al Fondo de Calamidades. La misma decisión se tomó con el que exoneraba de algunos servicios de telecomunicaciones a los habitantes de las zonas afectadas por el invierno.
La Corte Constitucional continúa el estudio de otros seis decretos a partir de las 10 de la mañana de este miércoles.
CAMBIAR NO ES LA PANACEA
Alfonso Gómez Méndez
¿Vale la pena seguir cambiando a cada rato la Constitución, atribuyéndole los grandes males o las soluciones mágicas, para enfrentar la compleja realidad?
Un oportunidad para hacer un balance objetivo del significado de la Constitución Política vigente.
El próximo mes de julio se cumplen veinte años de haberse expedido la Constitución Política vigente. Es esta, por eso, buena oportunidad para que, desde la academia, el Congreso y la sociedad en general -sin apasionamientos de ninguna especie-, se haga un balance objetivo de cuanto ha significado la nueva carta para la vida política, administrativa y judicial del país.
Ese análisis debe hacerse con datos, cifras y hechos concretos, desprovistos de emociones y sin estigmatizar por anticipado a quienes señalan críticas en su aplicación o a quienes consideran que ha sido la panacea para la problemática nacional.
Esa tarea pueden hacerla los centros de estudio partiendo de la base de que la parte dogmática de la Constitución -en especial la referente a la protección de los derechos ciudadanos- ha constituido un avance significativo en el derecho público colombiano; por ejemplo, la tutela, que, pese a dificultades surgidas en su aplicación, es eficaz patrimonio público para la protección real de derechos y garantías de los asociados.
Los historiadores encuentran algunos reparos al procedimiento utilizado para su expedición. Hizo fácil carrera la idea de que la Constitución de 1886 fue hasta su "muerte", en 1991, la retardataria, confesional y autoritaria de Núñez y Caro, cuando en realidad fue reformada setenta veces.
En 1936, para utilizar la expresión del maestro Echandía, se le "rompieron unas cuantas vértebras" a la inicial Constitución en lo atinente al derecho de propiedad, al establecer su función social. Desde allí se plasmó en nuestro derecho público el concepto de Estado Social de Derecho. Alberto Lleras, con la reforma de 1945, modernizó el Estado, entre otros asuntos, en el funcionamiento del Congreso.
El plebiscito de diciembre de 1957 -con la participación electoral más grande de la historia- reafirmó el carácter nacional de la Constitución con su "bendición" por los dos partidos tradicionales. Carlos Lleras Restrepo unificó al liberalismo con López Michelsen. Juntos lograron sacar adelante la reforma de 1968, lejos, muy lejos, de la anacrónica Constitución de 1886. De la carta política del "regenerador" solo quedó la odiada institución del Estado de Sitio. ¡Qué paradoja fue que a través de dos decretos de Estado de Sitio se abriera paso la integración de la Constituyente!
Con la actual Constitución ocurre algo semejante. Algunos constituyentes de 1991 señalan que, en estos veinte años, a través de más de veinticinco reformas, se ha cambiado la cuarta parte del texto original.
Recuérdese que la reforma del "articulito" que permitió la reelección inmediata del Presidente se hizo en abierta contradicción con la filosofía de los constituyentes, que habían eliminado incluso la reelección con un periodo de por medio, establecida desde 1910. Y durante el gobierno Samper se restableció la extradición, que los constituyentes habían prohibido.
Ahora mismo, en materia de justicia, se quiere cambiar la mayoría de las innovaciones de 1991. No se ha hecho lo propio con la Fiscalía, pero el sistema mixto, a la colombiana, se trocó por el acusatorio tipo americano (show mediático incluido), que ha comenzado a mostrar serias fallas, como ya se reconoce.
El Consejo Superior de la Judicatura es otra de las innovaciones que ahora se pretenden revertir, al igual que la elección y periodo de los magistrados de las altas cortes.
Muchas cosas funcionan hoy mejor que hace veinte años. Y aun cuando todavía continuamos buscando -con mucho de razón- un régimen político virtualmente intachable, deberíamos preguntarnos si vale la pena seguir cambiando a cada rato la Constitución, atribuyéndole los grandes males, o, por el contrario, las soluciones mágicas para enfrentar la compleja realidad colombiana.
EL ESPECTADOR
UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARENA EN EMERGENCIA
CORTE DICE SÍ A ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENDER EMERGENCIA INVERNAL
También avaló el decreto que instaba a contratistas de Estado a prestar maquinaria e infraestructura técnica para el mismo fin.
La Corte Constitucional aprobó la adición presupuestal.
Crisis por el invierno
La Corte Constitucional le dio el sí al Gobierno en su propósito de aplicar adiciones presupuestales superiores a los 400.000 millones de pesos para el presupuesto de 2011, con el fin de atender a los afectados por la ola invernal, en el marco de la emergencia social y ecológica.
Así lo concluyeron los magistrados de la Sala Plena, al considerar que el decreto 4627 de 2010 se ajustaba a los presupuestos que la Constitución exige para autorizar al ejecutivo a abrogarse funciones legislativas, en medio de un estado de calamidad social, como lo han producido las lluvias.
De la misma manera, declaró como una norma acorde a la Constitución la exigencia a los contratistas estatales para poner maquinaria y demás herramientas técnicas al servicio de las necesidades de refacción de la infraestructura más fuertemente golpeada por el invierno; la corporación examinó como exequible el decreto 4823 de 2010.
Frente al decreto 4833, que autorizaba la exención en el cobro del cargo fijo para el uso de celulares en las zonas afectadas, la Corte dijo que se trataba de una disposición acorde a la Carta Política.
Entre tanto, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la prórroga de la emergencia social, el alto tribunal dejó sin efectos los decretos 141 y 125 de 2011, que mantenían las funciones excepcionales entregadas a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y la prolongación del programa de reforestación que pretendía adelantar el Gobierno.
A UN PASO DE SU APROBACIÓN FINAL LA LEY DE VÍCTIMAS
Restitución de Tierras y ley de Víctimas, cerca de ser realidad
El ministro Germán Vargas recordó que el proyecto es la “columna vertebral” del programa de gobierno del presidente Santos.
A un solo paso de ser Ley de la República quedó este martes el proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
La comisión primera del Senado aprobó la totalidad de los artículos de la iniciativa que ahora deberá surtir su trámite de aprobación en la plenaria de la misma corporación.
Tras dicho proceso, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó de “histórica” la aprobación del proyecto y recordó que éste es la “columna vertebral” del programa de gobierno del presidente Santos.
Agradeció, igualmente, que se brinde por parte del Congreso los instrumentos para el proceso de restitución de tierras que el Gobierno ya tiene en marcha.
¿Qué dice el proyecto?
Parapolíticos y empresarios que apoyaron ‘paras’, a reparar las víctimas
Los parapolíticos y empresarios que apoyaron grupos irregulares en el país deberán aportar dentro del proceso de reparación de las víctimas que se llevará en el país.
Así quedó establecido en la aprobación que la comisión primera del Senado hizo en tercer debate al proyecto de Ley de Víctimas.
La iniciativa busca que ambos coadyuven al Estado en el resarcimiento a los afectados del conflicto armado.
De otro lado, la comisión no tocó en nada el tema de los agentes del Estado, es decir, también serán reparadas esas víctimas. Aunque en la anterior legislatura, durante el gobierno Uribe, el proyecto se hundió por ese polémico artículo, finalmente pasó.
Igualmente, se incluyó un artículo que establece que cuando una víctima sea reparada deberá firmar un contrato de transacción. La idea es evitar dobles reparaciones y futuras demandas al Estado.
Familiares de guerrilleros y ‘paras’ que sean víctimas directas serán reparados
Este martes surgió una nueva idea alrededor de la reparación que se dará a las víctimas del conflicto del país.
En la comisión primera del Senado quedó establecido que se dará una reparación a los familiares de los guerrilleros cuando éstos sean víctimas directas del conflicto.
“En la medida en que sufra él (familiar de un guerrillero o paramilitar) directamente un menos cabo a sus derechos humanos o una violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, como cualquier ciudadano, tendría derecho a reclamar bajo los parámetros de la ley”, explicó el ponente del proyecto, el senador Juan Fernando Cristo.
Sin embargo, la ley es explicita en señalar que no reconocerá a ningún hermano, a ningún conyugue, a ningún hijo, de un miembro de un grupos armado al margen de la ley.
De otro lado, fue aprobado el artículo que reconoce como víctima a todos aquellos a quienes les sean violados sus derechos humanos.
La iniciativa contempla que será considerada víctima toda persona que sea objeto de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, sin discriminación del victimario.
Además, quedó concertado que se le reconocerán acciones de reparación simbólica, a aquellas víctimas que son anteriores al 1 de enero de 1985, fecha a partir de la cual sí se dará la reparación económica.
NUEVO INTENTO DEL CONGRESO PARA CASTIGAR A CONDUCTORES EBRIOS
Los partidos políticos acordaron en la Cámara de Representantes acelerar el trámite del proyecto que les quita la casa por cárcel.
La representante Gloria Stela Díaz habló de los castigos severos para los conductores ebrios.
Tan sólo una semana después de que el Senado hundiera el proyecto que establecía cárcel de ocho a 30 días para los conductores que fueran sorprendidos en estado de embriaguez, un nuevo intento por tipificar sanciones para esa conducta busca el Congreso.
Todos los partidos de la Cámara de Representantes acordaron acelerar el trámite del proyecto de ley que acaba con la ‘casa por cárcel’ para aquellos conductores ebrios que le causan la muerte a una persona.
La iniciativa, que es promovida por la representante del partido Mira, Gloria Stela Díaz, propende porque tengan que purgar en centros de prisión normales ese grupo de “conductores irresponsables” que terminan afectando a tantas familias.
Sin embargo, como una medida de contingencia en medio de la racha de accidente por la mezcla de licor y gasolina –principalmente en Bogotá–, y tras la decisión del Senado, la Cámara incluirá en el actual proyecto la iniciativa del senador Roy Barreras de castigar a quienes sean sorprendidos manejando luego de haber consumido licor.
La representante Gloría Stela Díaz explicó que el Congreso deber legislar en esta materia pues “no podemos seguir enviando mensajes de impunidad a las víctimas ni permitiendo este tipo de conductas que le generan tantas tragedias a muchas familias colombianas”.
En la última semana cerca de diez personas han perdido la vida sólo en Bogotá, por cuenta de la irresponsabilidad de muchos conductores que tras ingerir varias copas de licor toman sus vehículos y transitan por las calles capitalinas.
El último hecho que causó estupor en la ciudadanía se dio en el accidente donde se vio involucrado un conductor de una buseta de servicio público. Allí, tristemente murieron tres personas.
RESTRICCIÓN EN LEY DE INTELIGENCIA
Eliminan 'tatequieto' a la prensa incluido en Ley de Inteligencia
El Gobierno acordó con el ponente del proyecto en el Senado un cambio a la restricción para la filtración de información a los medios de comunicación.
El Gobierno Nacional anunció que será retirado de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia el artículo que establecía una especie de ‘tatequieto’ a la prensa del país.
Aunque el proyecto no habla directamente del manejo de información en los medios, sí establecía restricciones a la entrega de documentos confidenciales a éstos.
Ante la polémica, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que se acordó que si ese artículo se presta a equívocos o se considera que restringe la libertad de prensa se presentará una modificación para aclararlo o eliminarlo.
Sin embargo, Vargas Lleras prefirió no especificar la redacción a seguir en el artículo que está en debate.
El proyecto iniciará su trámite en el Senado y se espera que luego de Semana Santa avance en su aprobación.
TIRA Y AFLOJE POR PLATA PARA RAMA JUDICIAL
‘La sábana no alcanza para todos’, dice Minhacienda a la Justicia
Admitió que será muy difícil cumplir con los compromisos presupuestales ya adquiridos.
“La sábana no alcanza para todos”, dijo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, admitiendo que será muy difícil cumplir con los compromisos que ya adquirió el Gobierno con la Rama Judicial en materia presupuestal en 2011.
Aseguró que el equipo económico del Ejecutivo se ha comprometido a adelantar todos los esfuerzos que sean del caso en la búsqueda de los 250.000 millones de pesos faltantes de los recursos que ya fueron aprobados para este año.
Frente a la posibilidad de que ese presupuesto, para 2011, aumente a 4 billones de pesos, como lo exige la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, señaló que será aún más difícil lograrlo.
No obstante, indicó que el compromiso del Gobierno es hacer hasta lo imposible para apropiarse los recursos, pues entiende que el déficit de la Justicia es grande; al tratarse de un sector de imperiosa necesidad de atender, dice, es muy importante que se alcancen las metas, vía crecimiento económico.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, opinó que, a parte del déficit histórico que siempre ha aquejado a la Rama, ya es una realidad que no van a obtener el faltante de los 250.000 millones aprobados para este año en el plan de inversión.
RODRIGO RIVERA A CONTROL POLÍTICO EN EL CONGRESO
Mindefensa defenderá fuero carcelario para miembros de las FF.MM.
Rodrigo Rivera presentará ante la comisión II del Senado un informe en el que se detallan las irregularidades halladas por la comisión de revisión.
Este martes el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, asiste a un debate de control político citado por la comisión II del Senado donde se discutirán las irregularidades en el centro de reclusión militar de Tolemaida y las medidas que se están implementando para evitar que se sigan presentando privilegios e indisciplina.
"No vamos a tolerar ninguna irregularidad, ninguna extravagancia ni privilegios en las cárceles militares. Es decisión del Gobierno que haya el mayor rigor en el cumplimiento de las normas", dijo Rivera.
Según se conoció, el jefe de la cartera de la Defensa hará una férrea defensa del fuero carcelario para miembros de las Fuerzas Militares y entregará un informe sobre la inspección que realizó este martes desde las 3 am. la Comisión Transitoria de Verificación a las instalaciones de Tolemaida, donde se constataron algunas de las irregularidades denunciadas en días pasados y en la que se advertía que militares condenados por crímenes de lesa humanidad disfrutan de "comodidades dignas de un hotel".
Igualmente hará una extensa presentación en torno a las razones para mantener el sistema de prisiones militares en las guarniciones como está previsto y autorizado legalmente en Colombia, y mostrará los adelantos que se están realizando en Bogotá para reforzar eses sistema.
El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, que también asistirá al debate, hará una exposición de las irregularidades que en efecto se estaban cometiendo en ese centro penitenciario y algunos de los resultados de las investigaciones que se iniciaron desde diciembre de 2010.
La cárcel de Tolemaida, en el que están recluidos 333 militares, entre ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, está envuelto en un escándalo por las irregularidades que se presentan y que generan un debate en cuanto a la posibilidad de trasladar a esos retenidos a cárceles normales.
EL NUEVO SIGLO
PROPONEN SILLA VACÍA TAMBIÉN EN ASAMBLEAS
Diputados serán sancionados por inasistencia a sesiones.
Al aplicar la reforma política a las Asambleas, a través del proyecto de ley de Régimen Departamental, radicado ayer ante la Secretaría General de Senado por el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas, el Gobierno Nacional le propuso al Congreso que haya silla vacía, así como sanciones por inasistencia a sesiones y régimen de bancadas.
El proyecto, que también refuerza el control político de las Asambleas con las figuras de moción de censura y moción de observaciones, permitirá modificar el régimen departamental que está vigente desde el año 1986 y facilitará la descentralización. Según resaltó el ministro Vargas, “se descentraliza en la medida en que se fortalecen los criterios de regiones y departamentos. Está previsto en esta iniciativa que la Nación podrá desprenderse de muchas funciones que hoy cumple para que sean asumidas directamente por los departamentos”.
La propuesta, que ahora comenzará su trámite legislativo reglamentario, dispone que “los gobernadores podrán realizar operaciones financieras con sus recursos para el apalancamiento de proyectos de inversión y desarrollo”.
De acuerdo con el ministro Vargas Lleras, “este proyecto sin duda nos va a permitir modernizar el régimen departamental, que no se modifica desde 1986, y condensar un conjunto de leyes que están dispersas”.
“El proyecto me seduce porque facilita que se pueda profundizar la descentralización, que la Nación pueda delegar en los departamentos nuevas competencias y que, a su turno, éstos redefinan el papel que deben jugar frente al orden municipal de una manera más precisa”, afirmó.
Vargas dijo que “es importante que el Congreso se ocupe de un asunto como este porque es política del Gobierno del presidente Santos avanzar en los temas de desconcentración y descentralización para fortalecer los entes territoriales mediante iniciativas como esta y la ley de Ordenamiento Territorial”.
De acuerdo con el funcionario, entre los principales puntos que incluye esta iniciativa, está el establecimiento de nuevos modelos de financiamiento para los departamentos sin necesidad de nuevos tributos; por ejemplo, los gobernadores podrán realizar operaciones financieras con sus recursos para el apalancamiento de proyectos de inversión y desarrollo.
De acuerdo con el articulado radicado ayer, la Nación podrá delegar en los departamentos el ejercicio de algunas atribuciones propias de los organismos y entidades públicas nacionales, trasladando los recursos necesarios, mediante la modalidad de contrato plan.
En la iniciativa también se regula el régimen de inhabilidades e incompatibilidades actualizando con las sentencias del Consejo de Estado y la reforma política. Entre otras, se establece como inhabilidad nueva el haber sido condenado por delitos de lesa humanidad.
Los departamentos y municipios de frontera podrán celebrar convenios con entidades territoriales de la misma naturaleza para el desarrollo de sus competencias y fortalecer la integración territorial, previo concepto de la Cancillería y en armonía con las políticas nacionales.
Se establece la posibilidad de crear provincias administrativas y de planificación al interior de los departamentos con participación en los ingresos y rentas del departamento para fortalecer la integración y el desarrollo local.
Se crea la competencia para los gobernadores de armonizar los planes de ordenamiento territorial municipales con el fin de coordinar el desarrollo local.
Se constituye una junta de coordinación departamental para complementar y apoyar la gestión de los municipios dentro de la respectiva jurisdicción.
Se asigna la función de prevención y mitigación del riesgo a los gobernadores y de seguimiento y control a la gestión medioambiental.
El proyecto de ley de Régimen Departamental hace parte del paquete de once iniciativas anunciadas a finales del mes pasado por el presidente Juan Manuel Santos, junto con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia; reforma del régimen municipal; derechos de autor; voluntariado; reforma al Sistema Nacional de Bomberos; Código General del Proceso; Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos; Jueces de Paz; Código Penitenciario y Carcelario, y el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional.
NO A LA CENSURA
Por JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Las normas penales deben ser específicas y precisas”
BIEN hace el Congreso en modificar sustancialmente el indefinido texto del proyecto de Ley de Inteligencia en cuya virtud podrían ser sancionados con pena de prisión los periodistas y los directores de medios si publican informaciones o documentos clasificados.
Es que la vaguedad de los términos utilizados, así no hubiese existido mala intención, daba lugar a interpretaciones autoritarias. Las normas penales deben ser específicas y precisas.
Esta disposición, tal como se la redactó en un comienzo, no estableció distinciones que permitieran excluir a los informadores, y por tanto lo que proponía que se consagrara no era otra cosa que la censura, abiertamente contraria al artículo 20 de la Carta Política.
Como lo expresó la Corte Constitucional desde 1993, el enfoque legislativo en materia penal no puede ser ese, pues resulta ser un despropósito, y un verdadero equívoco en cuanto la pena no recae en los verdaderos causantes del daño implícito en las filtraciones de informaciones, datos o documentos legalmente reservados.
En estos casos debe responder el funcionario obligado a guardar la reserva, no el periodista, quien naturalmente la difundirá, si su contenido representa una noticia.
En esa hipótesis, los medios de comunicación solamente están cumpliendo su papel, primordial en una sociedad democrática, al paso que el servidor público “filtrador” aprovecha ilícitamente su cargo, casi siempre con oscuros propósitos.
Desde luego, ese funcionario está incumpliendo su deber; traiciona a su institución; vulnera las normas disciplinarias que le son aplicables, e incurre en una conducta que puede y debe ser objeto de sanción penal, pero esa responsabilidad no se le puede trasladar a quien ejerce el periodismo.
Afortunadamente, el coordinador ponente del Proyecto, senador Juan Manuel Galán, ha anunciado la introducción de un parágrafo cuarto al artículo 28, para dejar en claro que el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación.
Sería bueno establecer si el texto original, abiertamente inconstitucional, era en realidad un “mico”, introducido por los redactores para censurar a la prensa, o apenas una gran “metida de pata” de quienes no saben redactar las normas jurídicas y que, por tanto, aunque bien intencionados, quieren decir una cosa pero escriben otra.
En cualquier caso, valió la pena haber alertado desde los medios, sobre un atentado más -no es el primero- contra el derecho a la información y la libertad de prensa.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL APROBÓ ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EMERGENCIA INVERNAL
Tres decretos expedidos bajo la emergencia social, económica y ecológica fueron declarados constitucionales por el alto tribunal. Sin embargo, los magistrados le dijeron no al que reestructuraba las CAR.
La Corte Constitucional avaló la noche de este martes tres decretos de la emergencia social, económica y ecológica. Uno de ellos, que le daría un respiro económico al Gobierno para atender a los afectados por el invierno del año anterior, es la norma que incluye una adición presupuestal de 400.000 millones de pesos.
Los decretos declarados constitucionales fueron expedidos durante la vigencia de la primera declaratoria del estado de excepción. Los magistrados también aprobaron la norma que obliga a los contratistas de las zonas afectadas a prestar ayuda donde el Gobierno lo requiera. Así mismo, aquel que elimina el cobro del cargo básico de celular para las zonas del desastre.
En cuanto al estudio que los magistrados hacen a los decretos de la segunda emergencia, que se declaró inexequible hace dos semanas, el alto tribunal le dijo no a la norma que reestructuraba las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y a la que daba facultades al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para reforestar las zonas devastadas por el invierno.
CMI
GOBIERNO PROPONE ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RAMA JUDICIAL EN PROYECTO DE REFORMA
El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma a la justicia un mecanismo de financiación que permita obtener recursos adicionales para la Rama.
Durante la reunión de la Comisión Interinstitucional, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que la propuesta será estudiada con las Altas Cortes para presentarla el próximo 20 de julio al Congreso.
“La idea es que la propuesta sea incluida en el proyecto de reforma a la justicia para que adquiera rango constitucional y con ella la rama judicial podrá contar con unos recursos permanentes que deberán ser asignados por el Gobierno”, indicó Vargas Lleras.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, se declaró conciente de las necesidades presupuestales que tiene la rama, aunque admitió que el tema no es fácil para el Gobierno por las demás obligaciones que tiene.
“Nosotros entendemos los problemas de la Rama y nos hemos comprometido a estudiar la posibilidad de incrementar el presupuesto anual. Por ahora no me quiero comprometer con una cifra pero haremos grandes esfuerzos para ayudar a la justicia”, concluyó Echeverri.
Sin embargo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, sostuvo que todavía no hay acuerdo en los cuatro billones de pesos que se han solicitado de presupuesto anual.
“El Gobierno se comprometió a entregarnos los 250 mil millones de pesos q hacen falta del presupuesto que se nos asignó para este año, pero ve con reserva el tema del aumento de los recursos anuales, aunque se mostraron en la mejor disposición de solucionar los problemas”, indicó el magistrado.
Finalmente, el Director de Planeación Nacional, Hernando José Bustamante, aseguró que para el plan de desarrollo se incluirá 1.3 billones de pesos más de presupuesto para la rama, tal y como ya se tenía previsto.
CORTE CONSTITUCIONAL APRUEBA ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENDER EMERGENCIA INVERNAL
La Corte Constitucional aprobó tres decretos más de la primera emergencia social, económica y ecológica, entre los que se incluye una adición presupuestal de 400 mil millones de pesos para atender a los damnificados de la ola invernal.
El Alto Tribunal encontró que esos decretos no violaban la Constitución y por eso los declaró exequibles.
A parte de la adición presupuestal, también se aprobó el decreto que elimina el cobro el cargo básico de celular para las zonas del desastre y el decreto que obliga a los contratistas de obras públicas a prestar ayuda en donde el Gobierno lo requiera.
Por otra parte, la Corporación tumbó dos decretos más de la segunda emergencia social que fue declarada inexequible.
Se trata del decreto que permitía la reestructuración de las corporaciones autónomas regionales y de otro que le daba facultades al Ministerio del Medio Ambiente para reforestación de las zonas devastadas por el invierno.
CARACOL RADIO
VÍCTIMAS PIDEN QUE SE INVESTIGUE CONDICIONES ESPECIALES DE RECLUSIÓN DE PLAZAS VEGA
Los familiares de los desaparecidos radicaron, a través de su abogado, Jorge Molano, un derecho de petición para que un fiscal especializado investigue los posibles delitos en los que se hubiera podido incurrir ante las condiciones especiales de reclusión del coronel (r), Alfonso Plazas Vega.
"Ha quedado plenamente establecido que en la Escuela de Infantería, sin autorización judicial, el señor Plazas Vega salía libremente con destino a sanidad militar y la Universidad Nueva Granada, a efectos de dictar charlas sobre Guerra Jurídica. Sumado a ello, los abogados representantes de las víctimas, pudieron constatar, que el señor Plazas Vega contaba con meseros a su servicio, en lo que se denominaba, su sitio de reclusión", señala el documento.
Plazas Vega, quien se encuentra recluido en la mencionada guarnición militar ubicada al norte de Bogotá desde junio de 2010, fue condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985
HOY LA CORTE CONSTITUCIONAL PODRÍA DEFINIR EL TEMA DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
La Corte Constitucional se reunirá hoy para retomar el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo el cual había sido aplazado por el tema de la emergencia social.
El alto tribunal estudia la demanda interpuesta por el abogado Felipe Montoya, quien manifestó que las expresiones hombre mujer deben hacer referencia a conyugues o integrantes casados de parejas del mismo sexo.
En la demanda se pide eliminar el término “procrear” como finalidad del matrimonio, por desconocer el derecho de una pareja casada a decidir si desea o no tener hijos.
La Procuraduría conceptúo que la Corte Constitucional no se debe pronunciar con respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta que no se puede acceder a la petición de cambiar el contenido de la ley por capricho.
En su concepto el Ministerio Público considera que 'por caprichos' no se puede sustituir la norma y pide dejar en firme el matrimonio entre hombre y mujer para la construcción de la familia.
La Procuraduría le dijo a la Corte Constitucional que en caso de que se tome la determinación de pronunciarse de fondo sobre el tema, solicita que se declare exequible la actual normatividad que contempla únicamente como valido el matrimonio entre parejas heterosexuales.
RCN RADIO
MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES SERÍA DEBATIDO HOY EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
En medio de una fuerte polémica, la Corte Constitucional podría retomar hoy el estudio del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
El tema había quedado congelado mientras se definían los temas de la exequibilidad de los decretos expedidos al amparo de la emergencia económica, social y ecológica.
Entre los sectores que se oponen a este debate, aparece el concepto de la Procuraduría General de la Nación, que pidió a la Corte que declare inconstitucional el matrimonio entre homosexuales y mantenga vigente la norma que existe para parejas heterosexuales.